Facultades

Noticias

Facultades 7 DE NOVIEMBRE DEL 2018

VI Jornada de Ética y Filosofía Política motivó reflexión sobre ética y ciudadanía

El tercer día de la VI Jornada de Ética y Filosofía Política, organizada por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, junto a la Asociación Peruana de Ética y Filosofía Política (Aspefip) y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, contó con la participación de un filósofo, un teólogo y un abogado. Los especialistas abordaron la ética cívica, la justicia social y la participación ciudadana en el marco de la lucha contra la corrupción. El encuentro permitió, además, reflexionar sobre la educación y la formación de ciudadanos autónomos y con pensamiento crítico.
Gonzalo Gamio, docente de la Escuela de Filosofía de la Ruiz, enfatizó que un ciudadano es, sobre todo, un agente político que debate, incorpora temas a la agenda pública, defiende derechos ante el Estado y lleva a cabo la deliberación sobre conflictos éticos. “Los conflictos más difíciles no son los que te llevan a decidir entre el bien y el mal, sino el bien versus otro bien porque esto lleva a un sentido de pérdida o cuando se elige el mal menor que genera frustración. La lucha contra la corrupción, precisamente, implica poner en práctica la deliberación, para lo cual se debe haber cultivado la capacidad de discernir situaciones de colisión valorativa”.
Para el filósofo, el problema es que no nos estamos educando en pensamiento crítico y en libertad. De ser así, se entendería que la corrupción no es una fatalidad, sino una injusticia. En ese sentido, el rol de la educación es fundamental cuando se aplica la pedagogía deliberativa que forma ciudadanos capaces de comprender la lógica del poder y de exigir sanciones para los corruptos. Además, una educación en autonomía hace posible profundizar en las razones del otro, de ponerse en su lugar y de cambiar de punto de vista de ser el caso, lo cual permite la convivencia social.
El P. Edwin Vásquez, director del Medio Universitario, expresó que la corrupción impide la realización de la política del bien común y que para terminar con este flagelo se necesita transparencia en el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Destacó que la ciudadanía cada vez más exige transparencia a sus autoridades y es menos tolerante a la corrupción. Sin embargo, su participación no debe ser solo de vigilancia, sino debe existir un compromiso y formación. “Ejercer la ciudadanía es más que ir a votar, exige coherencia personal e institucional”, expresó.
Ernesto de la Jara, fundador del Instituto de Defensa Legal (IDL), compartió los dilemas éticos que supone la figura legal de la colaboración eficaz y motivó la reflexión sobre la importancia de obtener información relevante, útil, oportuna y comprobable sobre casos de corrupción versus el otorgar beneficios a personas que incurrieron en delitos. Ello implica que se premia a delincuentes, que se deja de sancionar delitos, se le otorga valor a la palabra de un delincuente, que el Estado realiza una trabajo en conjunto con esta persona, y, finalmente, se podría considerar a la colaboración eficaz un premio a la traición.