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El brote del COVID-19 ha traído consigo una serie de consecuencias para el ser humano, y no solo relacionadas con la salud. La aparición del virus ha generado escenarios impensados y ha alterado las relaciones interpersonales y sus quehaceres habituales.
Mediante DS 044-2020-PCM, del 15 de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia nacional por el plazo de quince días calendario, computándose a partir del 16 de marzo de 2020. A través de esta normativa, se dispuso el aislamiento social obligatorio de la ciudadanía y se restringió el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.
A fin de menguar los índices de contagio, mediante DS 051-2020-PCM, del 27 de marzo de 2020, el Gobierno dispuso prorrogar el estado de emergencia hasta el 13 de abril de 2020, bajo los términos del primer decreto. Finalmente, mediante DS 064-2020-PCM, del 9 de abril de 2020, el Ejecutivo ordenó la ampliación del estado de emergencia hasta el 26 de abril de 2020.
El aislamiento social obligatorio establecido por el Gobierno ha provocado un sinnúmero de problemas legales y ha generado varias interrogantes. Debido a la crisis sanitaria y la inamovilidad social, las arcas financieras de los ciudadanos han sido perjudicadas, ocasionando en muchos casos el incumplimiento de obligaciones contractuales por la variación del tráfico habitual de las actividades económicas en el país. Por ejemplo, ¿qué sucede con el contrato de arrendamiento destinado a vivienda? Ante las circunstancias, ¿existe abuso de derecho del arrendador al exigir el pago puntual de la renta?, ¿el arrendatario puede abusar de sus derechos ante la crisis sanitaria?
A través de estas líneas comentaremos el supuesto abuso de derecho de arrendadores y arrendatarios de un inmueble destinado a vivienda ante las circunstancias creadas por el brote del COVID-1
Lea el artículo completo publicado en LP – Pasión por el Derecho 22/04/20202
Sobre el autor:
Enzo Izaguirre
Bachiller de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con estudios en la Universidad Loyola Andalucia, España. Asistente legal del estudio Santiváñez
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