I. La educación peruana al bicentenario.
El Perú cuenta con una política educativa de Estado, el Proyecto Educativo Nacional al 2021, aprobada como desarrollo de la política de Estado en educación en el Acuerdo Nacional durante el período de Alejandro Toledo y oficializada, meses después, por el presidente Alan García.
Los consensos que están a la base del Proyecto Educativo Nacional rompen con patrones de desigualdad, baja calidad y poca pertinencia en el sistema educativo e implican cambios desafiantes para los actores: los profesores han tenido que transitar de una legislación por la que percibían bajas remuneraciones pero tenían aseguradas de por vida su plaza docente a un sistema basado en el mérito, donde quien se esfuerza más progresa más; las universidades están teniendo que pasar por un licenciamiento que verifique que tienen los requisitos mínimos para merecer llamarse universidades; las políticas y presupuesto del Ministerio de Educación están aprendiendo a poner prioridad en sectores excluidos de la educación, con estrategias más caras y complejas como es en la educación inicial y la educación rural.
Desde hace 4 años las bases del Proyecto Educativo Nacional están buscando ser perforadas por el Congreso de la República mediante proyectos de ley:
• Contra la calidad: proyectos de ley que autorizan el reingreso a la carrera docente de profesores y directores sin evaluación previa; proyecto de ley que evita la salida de los profesores que no aprueban la evaluación del desempeño en los institutos y escuelas de educación superior; o proyectos de ley que pretenden que la supervisión de las universidades esté a cargo de los propios supervisados, incluyendo a los rectores en el directorio de la SUNEDU.
• Contra la equidad: proyectos de ley que piden eliminar toda mención al enfoque de género en el Estado peruano. Es decir, eliminación de toda mención a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres o a una educación sexual integral, a pesar de que el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han establecido la constitucionalidad de este enfoque.
• Contra la gestión descentralizada: proyectos de ley que buscan que los directores regionales de educación sean designados por el Ministerio de Educación, acentuando la centralización de la educación.
Estas son muestras de que existe un objetivo de sustituir la agenda de políticas del Proyecto Educativo Nacional por otra que responda a demandas clientelares, aunque limiten la calidad de la educación y, sobre todo, ponen en cuestión la visión de ciudadano peruano regresando a postulados que se asemejan mucho a los de los proyectos políticos vigentes en Brasil o EE. UU: un antiproyecto educativo nacional se está gestando.
II. Una nueva generación de medidas de política para acelerar los cambios en la educación
En los últimos 10 años ha habido una mejora continua en el sistema educativo coincidente con la aprobación de la política de Estado en educación: el Proyecto Educativo Nacional al 2021.
SITUACIÓN EDUCATIVA [1] |
2007 |
2017 |
Asistencia a educación inicial |
65-6% |
90.2% |
2° primaria: comprensión de textos |
15.9& 5.6% (rural) |
2016: 46.6% 16.5% (rural) |
2° primaria: matemática |
7.2% 4.6% |
2016: 34.1% 17.3% |
Asistencia en secundaria |
76% |
83.9% |
2° secundaria: comunicación |
2015 14.7% 1.9% (rural) |
2016: 14.3% 2-0% |
2° secundaria: matemática |
9.5% 2.0% (rural) |
2016: 11.5% 2.5% (rural) |
Remuneración docente |
1300 soles |
1780-3115 soles |
Gasto público como % del PBI |
2.5% |
3-5% |
% del gasto público total |
14% |
16.3% |
Como se muestra en la tabla anterior, el Perú ha tenido 10 años de crecimiento continuo en educación, pero no a un ritmo suficiente que permita cerrar brechas, por lo que se requiere una nueva generación de medidas de política que permitan acelerar los cambios, aprovechando lo ya realizado en los siguientes campos: calidad en educación básica y superior, equidad, gestión descentralizada de la educación.
Así, en términos de política sectorial el desafío es sentar bases para una nueva etapa de mejora continua en el sistema educativo. Pero lo tiene que hacer en un contexto en que una minoría activista está gestando un antiproyecto educativo nacional, pero, del otro lado, el 82% de los peruanos está de acuerdo con que el enfoque de género se enseñe en las escuelas[2], existen sentencias del Tribunal Constitucional que respaldan el enfoque de derechos en educación, el respaldo a las reformas procalidad educativa abarca todo el espectro social, desde los docentes hasta los grupos empresariales con participación en educación.
El desafío de la Ministra Flor Pablo es, sin duda, poner en acción una agenda de medidas que renueven la política educativa, pero el desafío principal ha saltado las fronteras del sector educación, porque lo que está en juego es la posibilidad de seguir construyendo una república de ciudadanos en los albores de la celebración del Bicentenario de la Independencia.
[1] Fuente: ESCALE (MINEDU).
[2] Encuesta IPSOS-Apoyo, 26/04/2019. Diario El Comercio
Artículo publicado en la revista Ideele n°. 285
Sobre el autor:
Martín Vegas
Coordinador de la Maestría en Educación con mención en Gestión de Instituciones Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya