Acaban de publicarse tres documentos importantes: la Encuesta Nacional Urbano Rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP)- Ranking de aprobación de autoridades e instituciones, el Índice de Avance Contra la Desigualdad en el Perú 2017 – 2018 de Oxfam Perú y el reporte de Análisis de la Conflictividad Social “Trimestral”, de la Defensoría del Pueblo. La encuesta del IEP, muestra que la desconfianza, reflejada en la aprobación el desempeño de las instituciones, entre el 2016 y el 2019, no ha experimentado cambios significativos.
El estudio de Oxfam, devela que la pobreza monetaria extrema del 2016 en adelante no ha mostrado reducción, es más, la pobreza monetaria en general el 2017 se incrementó. La Defensoría del Pueblo, registra que la mayor cantidad de conflictos durante el 2018, tienen que ver con las actividades extractivas, principalmente minería e hidrocarburos. La sensación que nos dejan estos estudios es que nos encontramos en un escenario aparentemente estancando alrededor de problemas seculares: la desconfianza en las instituciones, la pobreza y los conflictos sociales vinculados a las actividades extractivas.
¿Qué hacer en este escenario? ¿Qué hacer para mejorar las respuestas institucionales a la conflictividad social? Refiriéndonos a los conflictos sociales, el Poder Ejecutivo impulsó las “Mesas de diálogo”, que fueron replicándose en los gobiernos locales, como un mecanismo para prevenir y gestionar los conflictos sociales. Pensadas inicialmente como un mecanismo de carácter resolutivo, para abordar temas puntuales vinculados al relacionamiento, requerimiento de información, organizar la prestación de servicios públicos y orientar las acciones de los órganos públicos especializados, estas están llegando a su límite; aun considerando que, para cumplir con sus objetivos, se les fue dotando de estructura, consensuando agendas, reglamentos, participantes y plazos. Así, la sensación que el diálogo y la negociación no da resultados a pesar de los esfuerzos, el tiempo y los recursos invertidos, deriva naturalmente en la frustración de los actores sociales y los mismos funcionarios públicos.
Cuando el diálogo falla, los discursos de “mano dura” y las amenazas de radicalizar las medidas de protesta emergen rápidamente. Los nuevos temas que surgen en estos espacios de diálogo, que sobrepasan a su naturaleza, requieren la atención no solo de los actores que participan en él, es necesario incorporar a otros actores en un espacio o mecanismo diseñado para ello; y aquí el enfoque de transformación de conflictos plantea una perspectiva integral. Es momento de empezar a revisar nuestros diseños institucionales y hacerlos evolucionar de cara a la realidad, replantear las políticas públicas, teniendo como telón de fondo una discusión seria sobre nuestros seculares problemas de fondo.
Lea el artículo completo publicado en el diario El Peruano el 27/03/2019
Sobre el autor:
Liz Puma Almanza
Especialista en transformación de conflictos sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.