19 septiembre, 2019

[Artículo] Ximena Solózano: Las más vulnerables entre los desiguales

      Más de 800 000 personas de nacionalidad venezolana se encuentran en Perú. De este número, se calcula que poco menos de la mitad son mujeres y, aunque su presencia en la inserción laboral y social es semejante a la de los varones, las condiciones de precariedad y desigualdad en las cuales están insertándose en la sociedad peruana, las pone en una situación de doble vulnerabilidad: por ser migrantes y mujeres.

Inserción en el espacio laboral

Según la encuesta realizada por el Instituto de Ética y Desarrollo[1], el 92 % de los encuestados venezolanos se encuentra trabajando, el 4 % está desocupado y el otro 4 % es inactivo (ni trabaja, ni busca trabajo). Si bien el porcentaje de empleabilidad de la comunidad venezolana en Perú es alto, su situación en el ámbito laboral es muy inestable por los casos cotidianos de discriminación y abuso laboral. El estudio dio cuenta que el 55 % de los encuestados trabaja más de 60 horas semanales, mientras el 27 % tiene jornadas de 49 a 60 horas.[2] Esto ha llevado a que el autoempleo se incremente.

Los porcentajes de abuso laboral en Arequipa alcanzan el 37.6 %, región en donde se registra mayor número de casos de retenciones de pagos, mientras que el 37.5 % de encuestados en Lima, ha percibido ser objeto de abuso, el cual se manifiesta principalmente en jornada laborales extendidas sin consultarles y pagos menores de los ofrecidos.

En el caso de Piura que registró 14.5 %, se encontró mayor número de incidencias relacionadas a las retenciones de pago. Aunque muy pocos, se registraron situaciones de impedimento de salida voluntaria de los centros de trabajo en las tres regiones, lo que implicarían casos de trata de personas. El 79 % de las personas que afirmaron haber sido objeto de abuso laboral señalaron que la razón era por ser de nacionalidad venezolana.[3]

Brechas laborales: vulnerabilidad

Aunque no existe una diferencia importante entre el número de hombres y mujeres que señalaron haber sufrido abuso (32 % y 33 %, respectivamente), existe una amplia brecha en las condiciones laborales. Es posible notar la diferencia en la inserción entre hombres y mujeres en dos aspectos: a) en los ingresos que perciben, b) en la relación social que tienen con peruanos, en contraste con sus pares hombres.

Respecto al aspecto económico, el gráfico n.° 01 permite ejemplificar claramente la diferencia de ingresos. Del total de encuestados que afirman encontrarse laborando en Arequipa, el 43,4% son hombres que ganan entre 931 a 1500 soles mensuales, mientras que las mujeres que ganan el mismo salario solo alcanzan el 15,6 %, siendo mayor el porcentaje de mujeres que ganan por debajo del salario mínimo en comparación con sus pares hombres (17,4 % vs. 14.4 %).

En el caso de Lima, las brechas se reducen, pero el porcentaje de mujeres que trabajan por menos del salario mínimo es mayor (25.1 %) que el de los hombres (15.8 %). Solo el 0.8% de mujeres ganaban por encima de 1500 soles mensuales, lo que evidencia una clara diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres.

El caso de Piura tiene la particularidad de que la proporción de mujeres trabajando es mucho menor que la de hombres, pero las condiciones de ambos son más precarias que en otras regiones. Asimismo, esta región registra mayor número de personas que trabajan de forma independiente, por lo que, sus ingresos fluctúan mucho. Además, el número de personas que perciben por encima de 1500 soles en todas las regiones dista mucho entre sexos, siendo siempre los hombres quienes más perciben.

Gráfico n° 01

Fuente: OIM, MTPE, UARM y OIT.

Aunque hombres y mujeres venezolanas realizan labores semejantes, las segundas se encuentran peor pagadas en el mercado informal. Aunque el porcentaje de mujeres con estudios superiores culminados es un poco menor al de los hombres, el nivel de subempleo en ambos es igual de alto, producto de que no están empleándose en aquello que estudiaron, por lo que, la razón de desigualdad salarial no radica en los niveles de estudios.

Se encontró que una constante es que los empleadores tienen preferencia por contratar mujeres con hijos pequeños, a quienes tienden a emplearlas en condiciones más precarias, aprovechando su necesidad. Además, las mujeres usualmente están empleadas en trabajos de servicios y atención al cliente, donde los salarios tienden a ser menores.

Asimismo, aunque no se registran diferencias en la dedicación de horas de trabajo en el hogar, las mujeres son quienes tienen mayor carga en el cuidado de los menores, además casi no cuentan con redes de soporte familiar o amical, por lo que, si no tienen la posibilidad de dejar a sus hijos en una cuna, tienen mayores dificultades para poder insertarse en trabajos de tiempo completo. De esta forma, hay una preferencia por optar por el autoempleo, ello les permite tener mayor flexibilidad en el horario de trabajo y cuidar de sus hijos.

Los efectos de una imagen hipersexualizada

Otra diferencia sustantiva en el mercado laboral para hombres y mujeres venezolanas es la forma en cómo se relacionan en sus lugares de trabajo. Constantemente sufren acoso, explotación e intentos de abuso sexual. En Perú, las mujeres venezolanas se encuentran más vulnerables no solo por el elevado número de casos de violencia contra las mujeres, sino por la construcción de una imagen hipersexualizada de ellas. Esto es posible ejemplificarlo a través de cuatro casos:

Oscar, un padre venezolano que vive en Piura, vive preocupado por su hija de 13 años, quien “se ve desarrollada para su edad”, la niña ha sufrido múltiples ocasiones de acoso por parte de hombres en la calle. Maribel que vive en Cusco, escribió a un número solicitando el trabajo de mesera que vio en internet, la respuesta fue un ofrecimiento para dedicarse a la prostitución. Cecilia encontró un empleo en una peluquería en Lima y el dueño del local le manifestó que le daría el trabajo a cambio de tener relaciones sexuales. A Oliveria le dijeron que si estaba embarazada, ya no podría vender igual, por lo que la despidieron.[4]

Esta necesidad de resaltar los atributos sexuales por encima de otras capacidades de las mujeres, ha sido trabajada desde los medios de comunicación y por las redes sociales, donde a menudo se manifiestan una serie de prejuicios y mitos sobre la migración y la comunidad venezolana en nuestro país.

Es inevitable hablar de las diferencias en la forma en que las mujeres migrantes se insertan en nuestro país, en comparación con sus pares. Ambos se integran en condiciones de precariedad y con grandes dificultades en lo laboral, en el acceso a servicios y en lo social, sin duda, pero no es posible obviar la doble vulnerabilidad a la que se encuentran expuestas las mujeres migrantes y refugiadas en un país donde las tasas de feminicidio aumentan cada año y donde, no pocas mujeres nacionales y migrantes se encuentran expuestas a casos de violencia. Según los Centros de Emergencia Mujer (CEM) en el 2019 se han reportado 100 feminicidios, de los cuales 3 son mujeres venezolanas y 835 casos de violencia reportados habrían sido contra mujeres extranjeras.[5]

Si una mujer peruana tiene dificultades para ser escuchada en este entramado burocrático y solo el 29 % de mujeres denuncia situaciones de violencia[6], ¿Se imagina usted lo que enfrentan aquellas que no conocen el sistema peruano o desconocen sus derechos? El 12 de agosto de este año una mujer venezolana denunció intento de violación en la casa donde alquilaba una habitación. Luego de acudir a la Comisaría de San Luis denunció haber sido, además, víctima de maltrato por parte de los policías: “Me tuvieron una hora y media en la patrulla. Pedía agua y una pastilla para calmar el dolor y no me atendieron. Me dijeron que a los venezolanos les gustaba el golpe. Yo solo me puse a llorar”, manifestó[7].

¿Qué hacer?

En ese sentido, es necesario informar y facilitar mecanismos de denuncia de situaciones de abuso laboral y sexual, aún para aquellas personas que se encuentren en situación administrativa irregular. En los estudios realizados por la Ruiz de Montoya se coincide en que, los migrantes desconocen las condiciones laborales a las cuales tienen derecho en Perú (especialmente los que tienen menos tiempo de estadía), por lo que muchos optan por no denunciar o desconocen dónde y los procesos para denunciar.

Además, es necesario fortalecer la supervisión laboral y el cumplimiento de los derechos de la población migrante. Esto no como una medida extraordinaria con la población venezolana, sino como parte del esfuerzo necesario y de la estrategia a seguir para mejorar el mercado laboral peruano y promover la formalidad laboral. En paralelo, aunque es un proceso más extenso, es necesario desmitificar los imaginarios preconcebidos sobre los impactos “negativos” de las migraciones, pero también contra la hipersexualización de las mujeres. Es imperativo tomar medidas contra la violencia hacia la mujer, que permitan no solo su inserción laboral en condiciones de igualdad, sino también en el aspecto social, de tal forma que permita un trato igualitario libre de abusos, discriminación y violencia.

Artículo publicado en la revista Ideele n.°287