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El Instituto de Ética y Desarrollo (IED) de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya presentó el libro Empresas y Derechos Humanos en América Latina en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta publicación tiene como objetivo motivar la reflexión sobre la acogida en el Perú del marco internacional sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. Así también, analizar los Principios Rectores que los estados deben tener en cuenta al identificar sus compromisos e intervenciones para garantizar que el desarrollo económico vaya de la mano con el fortalecimiento de los derechos humanos.
En el 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobaron los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos mediante la resolución 17/4. Este marco jurídico permite a las empresas conocer cuál es el impacto que tienen a nivel local y regional y llevar a cabo las distintas labores para proteger, respetar y remediar en materia de derechos humanos y elaborar reportes permanentes de sus operaciones en comunidades cercanas.
Eduardo Vega, director del IED, explicó que en la investigación se recogieron las experiencias de Chile, Colombia y México en la aplicación de estos Principios Rectores en sus planes nacionales porque estos tres países son los que más han avanzado. Además, se describe los roles de los distintos protagonistas, los temas tratados, la elaboración de los instrumentos, las dificultades y sus principales logros; teniendo en cuenta las particularidades de cada país.
El ex defensor del pueblo señaló que la elaboración de estos planes en nuestro país requiere del compromiso del Poder Ejecutivo, de los gremios empresariales y de las instituciones representativas de la sociedad civil. Sin estos involucramientos estos procesos podrían fallar durante su desarrollo. “Existe el riesgo que se convierta en una verificación rápida sin rigurosidad, realizada solo por cumplir con las formas, y que no tenga, efectivamente, indicadores que signifiquen cambios en esta relación entre las empresas y los derechos humanos”, precisó Eduardo Vega.
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