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28 marzo, 2018

[Artículo] Ciudadanía ambiental y democracia

        El mayor desafío y la piedra de toque de todo gobierno contemporáneo es la coherencia entre sus diversas decisiones y los imperativos ambientales. La coherencia parece un requisito universal; pero resulta que solo la naturaleza nos confronta, sin apelación posible, con nuestras propias contradicciones. (Aunque siempre podemos desoír sus mensajes).  Por ejemplo, el Niño Costero de 2017 desnudó impropiedades severas en la forma como crecen nuestras ciudades. No es que no lo supiéramos antes; pero el fenómeno natural nos obligó a enfrentarlas.

Resulta imposible gozar de vida plena en medio de un ambiente erosionado, por ello, nos conviene evaluar la coherencia ambiental de nuestros gobernantes. En el Perú, esa tarea ya está encaminada. Hace pocas semanas publicamos, junto con Marc Dourojeanni y Esteban Valle-Riestra, una evaluación de la gestión ambiental durante el gobierno de Ollanta Humala; y esperamos repetir el ejercicio con este gobierno.

El 6 de marzo, el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), presentó su tercer informe anual sobre el estado del tema en el Perú; con un análisis de la reconstrucción con cambios. El observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos ya suma siete reportes anuales sobre la calidad de vida de un tercio de la población peruana. Todos son documentos de libre acceso y en ellos se hace más que “poner nota”. Se busca echar luz sobre las fuerzas, intereses y procesos socioeconómicos que determinan la calidad del aire, el bienestar de nuestra vida silvestre y nuestra preparación ante eventos naturales.

Esto es más importante todavía si vemos cuánto impera, en el Perú, la incoherencia. Los mismos congresistas que asistieron al mensaje amazónico del papa Francisco aprobaron la Ley 30723, para irrumpir con carreteras en nuestras selvas mejor conservadas. El Gobierno, en respuesta, excluyó del Sistema Nacional de Carreteras a los proyectos viales que crucen áreas naturales de protección estricta y reservas para pueblos indígenas en aislamiento (DS 005-2018-MTC). Pero tres días antes, con el DS 004-2018-EM, ya había ampliado por cinco meses más el plazo para que los mineros acogidos a la “formalización integral” (que es una prórroga de la impunidad instaurada por el gobierno anterior), tengan a bien indicar dónde realizan sus operaciones ilegales. Entre tanto, continuarán envenenando ríos y devastando bosques.

La salud de cualquier democracia depende crucialmente de la autonomía ciudadana para debatir sobre el bien común, incluido el medioambiente. Una ciudadanía que no logra funcionar por fuera de las agendas oficiales; sin recursos ni condiciones para evaluar el desempeño ambiental de sus autoridades; y obligada a votar sin información ambiental independiente, no construye ninguna democracia y se condena al desastre recurrente.

 

Artículo publicado en El Peruano el 26/03/2018

 

Sobre el autor:

Ernesto F. Ráez Luna

Docente de la Escuela de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. 

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