10 septiembre, 2018

[Artículo] El círculo de la corrupción en los gobiernos regionales

        En el Perú el fenómeno de la corrupción ha penetrado todos los niveles del Estado y la sociedad civil, al punto que muchos casos de corrupción se han naturalizado en la vida cotidiana de los ciudadanos y la burocracia. Los procesos de Lava Jato y Lava Juez son una muestra de lo arraigado que está esta práctica. Asimismo, esta problemática no solo golpea a las entidades de carácter nacional del Estado y empresarios capitalinos más importantes, sino que se ha instalado en los ámbitos regional y local de la gestión pública. Es en esos espacios donde la corrupción está desbordada, lo que contribuye a una creciente pérdida de legitimidad en el Estado por parte de la población. 

A partir del estudio de un conjunto de cinco gobiernos regionales (Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Piura y Moquegua), realizado por el Instituto de Ética y Desarrollo, se pone énfasis en los mecanismos de corrupción que se desarrollan en las contrataciones de obras públicas en estos niveles de gobierno. El análisis  de estos casos brinda evidencias sobre el funcionamiento de la corrupción en la política y gestión pública subnacional, colaborando de esta manera con el conocimiento de la política local. Solo con un mejor aprendizaje de la realidad regional podemos plantear mejores recomendaciones y políticas públicas para prevenir y combatir este grave problema.

En líneas generales podemos hablar de la existencia de un círculo de la corrupción en el manejo de los proyectos de obras en los gobiernos regionales. Un primer eslabón estaría en el financiamiento de las campañas por parte de empresarios a los movimientos políticos. Esto va a generar una primera hipoteca de los candidatos ganadores cuando asuman los cargos de gobernadores, direccionando obras a sus financistas. Un segundo momento está en la gestión de proyectos de los gobiernos regionales, en donde identificamos una articulación horizontal y vertical de las redes de corrupción. El primero (horizontal) tiene que ver con los actos de corrupción que se suceden en cada etapa de las contrataciones de obras del Estado: actos preparatorios, fase de selección y ejecución del proyecto. El segundo (vertical) se refiere a las redes de corrupción que llegan hasta la capital y operan en algunos ministerios (MEF, por ejemplo) que dan el visto bueno a las obras en las regiones o asignan los presupuestos. Existiría un pago para agilizar o aprobar los presupuestos. Si a esto le sumamos la debilidad institucional de los órganos de control y sanción (procuraduría, fiscalía y poder judicial), así como el escaso control político y fiscalizador de los consejos regionales, estamos ante un panorama desalentador de la viabilidad de la descentralización y la democracia en el Perú. Sin embargo, es posible derrotar a la corrupción si la máxima autoridad regional se compromete a desarrollar una gestión honesta y se rodea de un equipo capaz.

Lea el artículo en el diario El Peruano publicado el 10/09/18