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19 octubre, 2018

[Artículo] Los defectos en la ingeniería política peruana y la inestabilidad democrática

       Martin Lipset definía en un texto clásico de la ciencia política estadounidense, El Hombre Político, que la estabilidad de cualquier democracia no solamente depende del nivel de desarrollo económico, sino de la eficacia y la legitimidad de su sistema político. En los últimos años las instituciones que sostienen al sistema democrático peruano han sufrido un importante deterioro en sus niveles de legitimidad[1], por ende la estabilidad de nuestra todavía endeble democracia se ha visto en entredicho.

Efectivamente, de acuerdo con Latinobarómetro del 2017, la satisfacción con la democracia en el Perú en el periodo 1995-2017 es solamente de 16 %, una de las cifras más bajas en América Latina. Para esta fuente, el apoyo a la democracia sufrió una “disminución muy significativa” entre el 2016 y 2017, ubicándose en -8 %. De igual forma, el Perú muestra preocupantes niveles de desaprobación de instituciones clave para el juego democrático. El Poder Judicial tiene la segunda peor aprobación a nivel latinoamericano (18 %). La confianza en el Congreso es la tercera más baja en la región (13 %) y la credibilidad de los partidos políticos peruanos también muestra un nivel paupérrimo (11 %). De acuerdo con Latinobarómetro el Perú es el país peor evaluado en materia de corrupción[2].

Es importante recordar que el Perú en los últimos 17 años ha sufrido una importante transformación a nivel económico. De acuerdo con el Banco Mundial, el Producto Bruto per Cápita pasó de US$ 2,203 en el 2000 a US$ 6,208 en el 2017. El Producto Interno Bruto se incrementó en el mismo lapso, de US$ 50 mil millones de dólares a US$ 215 mil millones de dólares. Por otra parte, el presupuesto público también aumentó significativamente. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto de la nación en el 2005 era de casi 45 mil millones de soles. En el 2018 fue de 157 mil millones de soles.

Ante este panorama, el Perú se encuentra en una disyuntiva en relación con su sistema democrático. La noción sufragista de la democracia, es decir una democracia procedimental donde se respeta el voto, se convoca a elecciones periódicamente y existen condiciones más o menos equitativas en cuanto a participación política y observación electoral nacional e internacional, parecen haberse consolidado. Recordemos que en las últimas elecciones presidenciales del 2016, la diferencia entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori fue de apenas 42 mil 597 votos, vale decir el 0.242 % del total del padrón de 18 millones 335 mil 385 electores.

Lea el artículo completo en la Revista Ideele N° 282

 


[1] Se toma el concepto de legitimidad de Lipset que: implica la capacidad del sistema para engendrar y mantener la creencia de que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad.

[2] Dicha evaluación incluye las categorías: i) corrupción en el gobierno; ii) corrupción en las municipalidades; iii) corrupción en el congreso; iv) corrupción en sindicatos; v) corrupción en tribunales de justicia y vi) corrupción en grandes empresas.

Sobre el autor:

Alonso Cárdenas

Docente de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya

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