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11 marzo, 2019

[Artículo] Participación ciudadana frente a desastres y emergencias

        Hace dos meses los vecinos de San Juan de Lurigancho sufrieron grandes daños debido a la rotura de una tubería central de Sedapal. Debido a ello se declaró el distrito en emergencia sanitaria y se atendió a más de dos mil afectados. Como si eso no fuera poco, los vecinos no contaron con agua potable durante 20 días mientras Sedapal hacía intentos frustrados por resolver la situación en medio de la desesperación ciudadana. Como resultado de la emergencia 142 viviendas quedaron afectadas y  el 1 millón 38 mil 495 ciudadanos del distrito con mayor población del país vieron afectados sus derechos y su economía.

El domingo 10 de febrero después de fuertes lluvias un huaico arrasó Mirave (Tacna) destruyendo más de 350 viviendas a su paso, dejando 2 000 ciudadanos refugiados y causando dos muertes.  Lamentablemente en marzo del 2015 un hecho similar se produjo afectando seriamente a Mirave. A raíz  de ello, y de que Mirave está ubicada en el curso de una quebrada que se activa cíclicamente a lo largo de los años, las autoridades elaboraron un plan de reubicación que incluso fue aprobado por el gobierno hace dos años, sin embargo no se concretó hasta el momento produciendo la tragedia que todos conocemos.

Como todos recordamos, el 2017 el fenómeno del niño afectó fuertemente a la costa norte del país, la falta de prevención de riesgos generó un desastre que dejó 101 fallecidos, 353 heridos, 19 desaparecidos, 141 000 damnificados y casi un millón de afectados en todo el país. Dos años han pasado y poco se ha hecho para mitigar el riesgo, reconstruir las zonas afectadas y reparar el daño que la emergencia ocasionó en las personas y sus proyectos de vida.

Las autoridades locales, regionales, el ejecutivo y los entidades que brindan servicios públicos tienen la responsabilidad de prevenir y atender estas emergencias y desastres. Es su competencia asegurarse de que se brinden servicios de calidad, que la ciudadanía esté protegida ante las vulnerabilidades climáticas y ambientales, así como ante posibles desastres. Es su deber también atender a la ciudadanía afectada y reparar los daños ocasionados a raíz de éstos. Como se puede ver no están cumpliendo con este rol de manera adecuada, pertinente y efectiva, vulnerando así los derechos ciudadanos.

Sin embargo, la ciudadanía también tiene un importante rol de defensa de sus derechos, de promoción del desarrollo, de fiscalización al gobierno y a las autoridades competentes. ¿Qué hemos hecho las y los ciudadanos para garantizar el correcto accionar del estado?, ¿cómo hemos hecho incidencia para la prevención y atención a las vulnerabilidades climáticas y ambientales?, ¿cómo nos organizamos los afectados para que se cumplan nuestros derechos como ciudadanos y se repare el daño?, ¿cómo nos relacionamos y nos organizamos para ayudar a nuestros compatriotas en situación de emergencia?. Hay sin duda mucho que hacer al respecto, necesitamos una ciudadanía fuerte y organizada, que conozca sus derechos, contribuya activamente al desarrollo del país y que impulse al estado a través de sus aportes y exigencia. Caminemos hacia allí.

Sobre el autor:

María Eugenia Maguiña Lorbés

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