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2 agosto, 2018

[Artículo] Protestas y conflictos sociales en incremento ¿Qué hacer con ellos?

          Nos encontramos a mitad de año y la sensación que se percibe en las calles es compleja, condensa la reacción frente a distintas situaciones que han demandado nuestra tolerancia y paciencia, incrementado nuestra indignación, desplegado nuestra solidaridad, y otras que han despertado nuestro júbilo extremo.

Observando el escenario político, llegamos a agosto, con un nuevo presidente de la República; un Congreso de la República que sigue recurrente en su lógica de desprestigio; candidatos cuestionados e investigados que empiezan a embarcarse en la carrera electoral municipal y regional del 2018; ciudadanos(as) indignados frente a los casos de corrupción y tráfico de influencias que involucran a los más altos miembros del sistema de justicia peruana; y funcionarios públicos que tienen que hacer frente al incremento de protestas sociales que se suscitan a nivel nacional y que ponen al gobierno con poco margen de maniobra, tomando decisiones que van desde mantener estados de emergencia para controlar la protesta o cediendo ante las agendas airadas que despliegan los grupos contenciosos. 

Frente a este escenario la pregunta cae por su propio peso ¿Qué hacemos ahora? Me atrevería a plantear algunas acciones en el corto y mediano plazo. Dada la dimensión limitada del texto, abordaré dos temas que merecen nuestra atención: las protestas y conflictos sociales. Primero describiré un contexto general para luego recoger algunas propuestas.

En cuanto a las acciones colectivas de protestas observamos un incremento considerable en lo que va del año. De acuerdo a lo reportado por la Defensoría del Pueblo, en enero se da cuenta de 51 protestas; en febrero de 35; en marzo de 111; en abril de 187; en mayo de 202 y en junio de 199. Los actores sociales que protestan son diversos, desde trabajadores sindicalizados, estudiantes universitarios, gremios de pescadores, agricultores, frentes de defensa, comités de lucha, trabajadores de municipalidades, pobladores no organizados, rondas campesinas, entre otros. Las demandas, se vinculan a mejoras laborales, derogación de normas, cumplimiento de convenios y acuerdos, incrementos salariales, desarrollo y culminación de obras, oposición al despliegue de iniciativas públicas y privadas. Cabe precisar, que no necesariamente las acciones de protestas contabilizadas llegan a ser un conflicto o son parte de un caso registrado. Para ser tal, es necesario analizar su dinámica, las demandas y los actores. Sin embargo, es un importante termómetro que permite reparar por dónde van las expectativas y preocupaciones de la población, el funcionamiento de las instituciones públicas y las prácticas de las empresas implicadas.

Con relación a los conflictos sociales, en enero se da cuenta de 176 casos; en febrero de 182; en marzo de 88; en abril de 196; en mayo de 198; en junio de 198. Aquí me detengo a mirar los datos del reporte n.° 172[1], en la cual detalla que de los 198 conflictos sociales, 144 son activos y 54 latentes, en proceso de diálogo se encuentran 82 casos, 74 mediante mesas de diálogo, 8 casos en reuniones preparatorias para el diálogo y 49 conflictos pasaron a una etapa de diálogo después de un hecho de violencia.

El diálogo y la negociación para abordar los conflictos sigue siendo el mecanismo utilizado e invocado por los actores sociales. Las mesas de diálogo, mesas de trabajo, reuniones, encuentros, comités, según cómo se denomine, siguen siendo los espacios de encuentro entre los actores, que con o sin la asistencia de un tercero, buscan arribar a acuerdos para desescalar el conflicto, abordar los asuntos que dieron origen al conflicto y en el mejor de los casos establecer lineamientos para abordar los problemas de fondo detrás de cada caso. Los protagonistas buscan maneras deliberativas para abordarlos, adquiriendo estas distintas características y alcance. Muchas veces se llegan a ellas tras un despliegue de violencia, dado que los mecanismos de prevención siguen siendo insuficientes.

Sin embargo, en los últimos años, el diálogo como mecanismo para buscar construir confianza y consensuar acuerdos para la prevención y gestión de los conflictos sociales, ha sufrido un grave golpe. La pérdida de credibilidad de este mecanismo – consustancial al  régimen democrático – por las deficiencias que enfrenta en su diseño, puesta en marcha y seguimiento a los acuerdos, sumado, a la debilidad institucional y algunas prácticas de empresas que no manejan adecuadamente sus políticas de relaciones comunitarias, han fomentado su descrédito.

A pesar de esto la población movilizada, exige sentarse a “negociar” y “dialogar” con la máxima autoridad, que tenga poder de decisión, que garantice que se respetaran los acuerdos y que imponga su autoridad frente a los directores de línea del sector y la empresa. Concretar un encuentro con los tomadores de decisión – presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros, ministros o viceministros – es un primer logró que le añade fuerza a la protesta social, suscribir acuerdos que se vean plasmados en un “documento” que satisfagan en cierta medida sus expectativas corona la acción contenciosa.

Frente a la debilidad institucional y la percepción de desorientación que trasmiten las autoridades para enfrentar los problemas que atañen al país y fijar un rumbo político claro; los actores sociales han visto una oportunidad política para activar un amplio repertorio de acciones contenciosas; para luego dar paso a la instalación de un espacio de diálogo donde se puedan negociar sus demandas. La violencia como mecanismo para “sentar” a las autoridades se ha venido reforzando con la respuesta adoptada por parte del gobierno luego que el conflicto escaló a episodios de crisis, dejando de lado los mecanismos formales para canalizar, priorizar y atender demandas. Esta lógica básicamente reactiva alimenta un círculo vicioso y peligroso para nuestra frágil democracia.

Las mesas de diálogo que se instalan para desescalar un conflicto, se convierten en espacios de negociación de derechos, que buscan destrabar y priorizar proyectos y brindar información sobre las acciones que realizan las entidades públicas y empresas. En estos años se han abordado temas diversos, por mencionar solo algunos, estudios toxicológicos e epidemiológicos, atenciones de salud, prestación de servicios de agua apta para el consumo humano, remediación de pasivos ambientales, realización de estudios de calidad de agua y aire, declaratorias de emergencia ambiental y sanitaria, reconocimiento y titulación de tierras comunales, indemnizaciones por incidentes ambientales, aportes sociales de las empresas, puestos de trabajo, entre otros. Este mecanismo resulta funcional y compensatorio en una democracia precaria e inconclusa como la que tenemos.

Frente a este panorama, desde el Gobierno se han hecho explicitas algunas acciones que tienen pensando emprender, que recojo en esta nota porque siento que evidencian cierta claridad sobre la ruta que debemos seguir y que se cumplan dependerá en gran medida que se mantenga su voluntad y de las negociaciones políticas que se hagan al interior. El viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros [2] y el viceministro de Energía y Minas[3], en dos entrevistas realizadas en junio, hacen particular referencia a los conflictos sociales, de tipo socioambiental, que siguen siendo los de mayor presencia y constancia, declaraciones que fueron reafirmadas recientemente en el evento del cierre del proyecto “Prevención de conflictos sociales en el uso de recursos naturales”, en la cual participaron como panelistas.

En el corto plazo, mayor presencia del gobierno de una manera proactiva, transmitir de manera adecuada la información a la población sobre los alcances del proyecto, aclarar inquietudes, ser garante de los compromisos y obligaciones que las empresas asumen, que el Gobierno dé a las comunidades la tranquilidad que las cosas se van a hacer correctamente, que el gobierno garantice el cumplimiento de los compromisos legales y ambientales, que el Estado llene los espacios en los cuales terceros se benefician con la protesta, remediar los pasivos ambientales, intervenir desde una lógica territorial para abrir oportunidades para identificar las necesidades y oportunidades comunes. En conclusión, que se cumpla la Ley, que el Estado sea garante de derechos, que su política se oriente al cierre de las múltiples brechas sociales, económicas e institucionales existentes.

A mediano plazo, para poner todo esto en marcha se necesita fortalecer los procesos de participación ciudadana, que estos sean entendidos como mecanismos no solo para cumplir con la norma sino como mecanismos para construir confianza, fortalecer el trabajo preventivo de articulación intersectorial e intergubernamental, fortalecer las capacidades de las oficinas de diálogo ya constituidas y constituir oficinas en aquellos sectores pendientes de implementarlas, clarificar roles y competencias entre estas instancias, implementar espacios de coordinación en las regiones que propongan iniciativas de desarrollo. A esto le sumaría fortalecer la capacidad predictiva del gobierno, prestar atención a los recursos humanos disponibles y la infraestructura institucional que se construyó a lo largo de estos años y con la que se cuenta para abordar los conflictos, a nivel de los sectores y gobiernos regionales.  En líneas generales fortalecer la institucionalidad en materia ambiental y de abordaje de conflictos sociales. 

Finalmente, para complementar recojo algunas propuestas y anuncios que alcanzó el jefe de Estado en su  mensaje a la Nación el 28 de julio, las cuales son claves para abordar uno de los problemas de fondo que subyacen a la conflictos sociales, me refiero al proceso de descentralización. En esta línea se anunció la mejora en la autonomía económica y financiera de los gobiernos descentralizados, fortalecimiento de los Comités de Coordinación Regional y Local y la implementación de Agencias Regionales de Desarrollo que permitirán alinear las prioridades para el desarrollo desde una mirada territorial.

Es importante fortalecer la descentralización fiscal, que les dote de más autonomía a los gobiernos subnacionales, al ser estas las entidades de trato directo con los ciudadanos y ciudadanas, los llamados a identificar las necesidades, y canalizar y proveer servicios públicos de calidad. No obstante, este proceso tiene que ir de la mano con el control y vigilancia ciudadana y una eficiente administración de la justicia.  

Transformar el conflicto en oportunidades de desarrollo es una tarea que nos involucra a todos y todas y como menciona uno de los funcionarios entrevistados es necesario “promover confianza para que el reclamo y la preocupación no se expresen en las calles tomando carreteras sino en un espacio de diálogo”.  Pero en un espacio de diálogo genuino, sostenido e intercultural.

Nota: Al cierre de esta nota quisiera rendir homenaje a la memoria de José Luis López Follegati, para muchos, referente por sus aportes en el campo del diálogo y abordaje constructivo de conflictos sociales, lamentamos su pronta partida, desde aquí nos comprometemos a desplegar nuestros mejores esfuerzos para que sus ideales de paz se hagan realidad.

 


[1] Reporte de conflictos sociales N°172. Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. Defensoría del Pueblo.  Véase en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-172-Junio-2018.pdf

[3] Jaime de Althaus (2018, junio 10). Diario el Comercio. Recuperado de: https://elcomercio.pe/politica/francisco-ismodes-peru-petro-informo-manera-adecuada-noticia-526590

Sobre el autor:

Liz Puma Almanza

Especialista en transformación de conflictos sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. 

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