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28 marzo, 2019

[Artículo RPP] Inversiones y derechos humanos

Los conflictos sociales y su predecible ciclo de escalada de violencia debieran dejarnos una enseñanza clara: son escenarios ideales para que el espíritu colonial que venera el dinero invoque el autoritarismo frente a la opción del diálogo y el entendimiento.

Los defensores de la inversión a cualquier costo, que no saben distinguir entre lucro y desarrollo, han vuelto a hacer alarde de su vocación colonial a propósito del conflicto social que se produce en estos días en Cotabambas, Apurímac, a propósito de la incidencia del proyecto minero Las Bambas de la empresa MMG. El bloqueo de la carretera, que lleva ya más de cuarenta días, parece que tendrá consecuencias globales e influirá en la fluctuación del precio de los metales que de allí se extraen para ser comercializados en el mercado mundial. Los espíritus más ortodoxos no han hecho remilgos en exigirle al Estado peruano que imponga el principio de autoridad para que se restablezca el pase libre por la carretera y se permita el transporte del metal que cargan pesados y polvorientos camiones a falta de un transporte más ecológico.

Las causas del conflicto son complejas y la discrepancia impera incluso entre los analistas más objetivos y desapasionados. No faltan los argumentos ad hominem que descalifican por igual a la empresa y a la comunidad, como si ambas se aferraran al capricho y no hubiera una motivación razonable y objetiva para la discrepancia y la confrontación. En ese contexto, el despliegue de las fuerzas del orden que ha dispuesto el Estado, lejos de apaciguar los ánimos, más bien los ha caldeado un poco más porque ha sido recibido como un rechazo del diálogo que buscan al alimón tanto la empresa como la comunidad involucradas en la controversia.

Hay quien quiere resolver cualquier oposición solo por la fuerza y la imposición. Mal hace el Gobierno en atender esa actitud arcaizante que solo invita a claudicar de la democracia y su apertura al diálogo razonable. El nuevo gabinete tiene la oportunidad precisa para lucir sus talentos para la alta política y aportar a la mediación alturada y democrática: mal haría en desaprovecharla. El uso de la fuerza como argumento, después del Baguazo, debiera comprenderse como ineficaz e insistir en ello apuntala una actitud tozuda y de cerrazón va contra la tolerancia, el pluralismo y la libertad.

Que los manifestantes recurran a medidas de fuerza para hacer sentir su reclamo frente a la indiferencia y la inopia oficiales no tiene por qué tener como respuesta automática el gas lacrimógeno ni el apaleo policial, ni tiene por qué ser motivo para que se infrinjan los derechos humanos. Así se desprende del Informe del Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras Empresas acerca de su misión al Perú. Además, de acuerdo con John Ruggie y los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos, como entidad jurídico-política, la empresa también es garante de derechos humanos. De hecho, la tendencia de involucrar a la empresa en la defensa y promoción de los derechos humanos viene apuntalándose de manera cada vez más profunda y sostenida desde 2011. Cuenta con adelantos en Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Chile, Colombia, México y otros países. El Perú debe sumarse: el desarrollo es integral.

 

Lea la columna de la autora todos los miércoles en Rpp.pe

 

Sobre el autor:

Soledad Escalante

Directora de la Oficina de Formación Humanista y docente principal de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanasen la Universidad Antonio Ruiz de Montoya

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