En los últimos tiempos, noticias sobre filtración de datos personales son cada vez más frecuentes y aquejan a muchos países, entre ellos Perú, impactando tanto a entidades públicas como privadas. Gigantes tecnológicos internacionales, como Ticketmaster o Salesforce, y nacionales, como Reniec, Cineplanet e Interbank, han sido víctimas de ciberataques que expusieron información sensible de millones de personas, difundieron nombres, direcciones y datos financieros que afectaron la privacidad de los ciudadanos.
Nos enfrentamos a un serio problema, porque no solo queda expuesta la vulnerabilidad tecnológica, sino que también afecta los derechos fundamentales de las personas, como la identidad, la privacidad, el honor y la seguridad personal.
En Perú, la Ley N°29733 sobre Protección de Datos Personales y su Reglamento Decreto Supremo 016-2024-JUS constituyen un avance relevante en la legislación al reconocer la autodeterminación informativa como derecho fundamental. Esto significa que el Estado garantiza a las personas decidir cómo, cuándo y para qué se utilizan sus datos personales, registrados y almacenados en los archivos de las entidades públicas o privadas, a fin de evitar que sea manipulada en su perjuicio, entregada y vendida a terceros sin su consentimiento.
El avance de la tecnología crece a un ritmo acelerado, el cual debe ser utilizado en beneficio de las personas. Pero acarrea riesgos derivados de la arbitraria y excesiva utilización de datos personales.
La velocidad del cambio tecnológico exige al derecho una actitud preventiva y no reactiva. El nuevo Reglamento exige a las empresas, de cualquier tamaño, adquirir tecnología para evitar la fuga de datos, incorporar mecanismos de seguridad y mejorar el almacenamiento con protocolos de cuidado y difusión. Se refuerza esta exigencia al crear la figura del Oficial de Datos Personales para aquellas organizaciones que tengan en sus archivos grandes volúmenes de información confidencial, siendo el responsable de supervisar que esta se gestione con estándares técnicos y éticos adecuados.
Estas normas constituyen progresos legislativos con el propósito de que las organizaciones se acerquen al marco legal y contribuyan a crear una cultura de protección de datos personales. Con ello, se busca generar conciencia en las empresas para actuar responsablemente en el uso de los datos personales y, a la vez, los titulares de estos se fortalecen en la defensa de sus derechos fundamentales reconocidos por el Estado.
Como apreciamos la legislación va de la mano con la innovación tecnológica incorporando mecanismos que eviten robo de identidad, venta ilegal de bases de datos, hackeos a sistemas informáticos y delitos cibernéticos. Experiencias de la Unión Europea, a través del Reglamento General de Protección de Datos, o Brasil, con la Ley General de Protección de Datos, contribuyen a crear una legislación moderna que genera confianza ciudadana y competitividad económica.
Así como se generan obligaciones institucionales, es necesario fomentarse la educación digital ciudadana. El conocimiento sobre nuestros derechos, los mecanismos de reclamo sobre el mal uso de nuestros datos y los riesgos del empleo indiscriminado de información personal deben difundirse desde la etapa escolar, así como también a través de los medios de comunicación y las universidades. No se trata solo de tecnología, sino de ética y cultura democrática.
El derecho tiene hoy una doble misión: defender los derechos fundamentales y anticiparse a los riesgos. La responsabilidad proactiva implica diseñar políticas claras de privacidad, evaluar continuamente los riesgos, sancionar los actos contrarios a la ley y empoderar al ciudadano para educarlo en el ejercicio del derecho a la protección de su información.
En una sociedad cada vez más digitalizada, proteger los datos personales no es un privilegio legal sino una garantía esencial de dignidad y libertad. La tecnología debe estar al servicio de las personas, nunca al revés.
Lea el artículo de la vicerrectora académica, Gloria Arméstar, en La República.
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Sobre el autor:
Gloria Arméstar
Vicerrectora académica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).