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5 noviembre, 2018

El diálogo intercultural es uno de los desafíos más importantes de la consulta previa

A siete años de la implementación de la Ley de Consulta Previa en el Perú, el Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Fundación Konrad Adenauer, convocaron a representantes de los pueblos originarios, Estado, sector privado y a especialistas para dialogar sobre los retos para el mundo amazónico. Coincidieron en que la consulta previa es un derecho y que el diálogo intercultural es el desafío más importante. El encuentro fue presidido por el rector, el P. Ernesto Cavassa, SJ, y Sebastián Grundberger, representante de la Fundación Konrad Adenauer en el Perú y por Eduardo Vega, director del IED, quien moderó las mesas de diálogo.    

Elena Burga, viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, destacó que se han concluido 42 procesos de consulta previa, se consultó a 28 pueblos indígenas u originarios y se capacitó a más de 16 000 personas. Señala que una de las tareas pendientes es que todas las entidades estatales sepan identificar las medidas que podrían afectar derechos colectivos y así puedan iniciar procesos de consulta previa. Para lo cual, se viene trabajando una guía de identificación. Enfatizó en la necesidad de continuar la capacitación a los funcionarios, ya que solo 2 sectores (Minem y Cultura) han logrado cumplir con esta tarea.
Para Wrays Pérez, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, la consulta previa es “un saludo a la bandera” porque la opinión de los pueblos no es vinculante. “Siguen dándose leyes en el Congreso sin consulta a los pueblos indígenas. Se ha pretendido ejecutar proyectos como el tendido eléctrico (Moyobamba – Iquitos) sin realizar la consulta alegando que es de interés público. Se crean áreas naturales protegidas en territorios ancestrales sin explicar que dejará de ser territorio indígena. Las consultas se hacen para cumplir con el requisito más no para llegar a un acuerdo o un consentimiento de buena fe”, señaló.
Janinne Delgado, de la SNMPE, enfatizó que es fundamental la configuración de un sistema que permita el seguimiento de los acuerdos de la consulta previa, así como la articulación eficiente de las diferentes entidades estatales que participan. “Los pueblos tienen demandas históricas justas como infraestructura de salud, de educación, de agua y saneamiento, de carreteras, de electrificación rural, entre otras. En muchas zonas del territorio amazónico hay poca presencia o existe una ausencia total del Estado. Por ello, cuando se propone la consulta previa, los pueblos indígenas ven esta oportunidad como su único canal para que todas sus demandas sean atendidas”.
Richard Chase, director del Instituto del Bien Común, destacó que pueblo indígena/originario son conceptos reconocidos por el OIT 169 y por la Ley de Consulta Previa, pero que en el Perú, los pueblos concretos no existen legalmente como actores con personería jurídica y derecho de representar sus miembros. “Por razones históricas, el Perú reconoció a sus pueblos indígenas mediante la figura de comunidad indígena (ahora campesina o nativa). Ello implica que son la expresión concreta, jurídica e histórica de los pueblos indígenas u originarios del Perú y su opinión respecto a un proyecto es un derecho y debe ser considerada”.

Andrea Dominguez, de la oficina de la OIT para los Países Andinos, precisó que el Convenio 169 establece una visión más amplia de los derechos de los pueblos indígenas. “No solo se refiere a la consulta previa, sino establece medidas de protección y acceso a la justicia, salud, territorio, educación, derechos laborales, entre otros. Es un instrumento jurídico vinculante para los Estados que lo adoptan. Están obligados a presentar memorias y reciben recomendaciones de la Comisión de Expertos de la OIT para que diseñen mecanismos que garanticen la integridad de los pueblos”.
Para Jay Hartling, experta canadiense, la falta de institucionalidad, la impunidad y la corrupción en los países afectan, directamente, a la consulta previa. Así también, la falta de compromiso del Estado (largo plazo), de consistencia, certeza y previsibilidad, así como los problemas de identificación (quienes son los representantes verdaderos de los pueblos indígenas). Sostiene que se debe avanzar hacia una nueva relación basada en el respeto, la cooperación y el reconocimiento de derechos, lo que implica establecer acuerdos de beneficios mutuos, de oportunidades para el desarrollo comunitario, empleo y capacitación.
Ketty Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú, considera que de llevarse a cabo una consulta previa adecuada cambiaría la vida de los pueblos indígenas, pero para ello se debe garantizar las condiciones de diálogo intercultural y el punto de partida es que el Estado reflexione sobre cómo ve al otro y respecto a si el diálogo se realiza en igualdad de condiciones. “Desde el Legislativo y Ejecutivo vemos cómo se siguen generando leyes que vulneran nuestros derechos y amenazan con despojarnos de nuestros territorios”.
Birgit Weiler, directora de Investigación de la Ruiz, subrayó que tomar una decisión ética y responsable es nunca dar en concesión sin consultar a los pueblos, no solo por respeto a su territorio ancestral, sino también por las generaciones futuras. Para la especialista una tarea pendiente del Estado es facilitar el diálogo con estudios técnicos redactados en un lenguaje accesible porque son complejos aún para quienes tienen como lengua materna el español. Recordó que el papa Francisco en Laudato si', expresamente dice que dejemos de hablar intervenciones sobre el medioambiente porque somos parte de la naturaleza y estamos en una interrelación.

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