César Cárdenas, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), participó en un informe de El Comercio. Analizó el empleo de celulares en los penales y el mercado interno para su alquiler
El docente UARM señaló que los celulares son empleados para dos fines: comunicarse con sus familiares y mantener vínculos con organizaciones delictivas. Asimismo, subrayó que la extorsión es uno de los principales delitos que se ejecutan con estos dispositivos.
“En algunos casos, los familiares pueden pagar a un funcionario hasta el triple de lo que vale un celular para que ingrese el equipo. En un fin de semana, al 5% de los visitantes se les encuentra intentado introducir objetos prohibidos. Aunque son pocos, esto genera un alto nivel de impacto, porque basta que un interno tenga un celular para que pueda alquilarlo o realizar un gran número de extorsiones”, detalló.
En esa línea, Cárdenas sostuvo que los internos usan estos dispositivos para coordinar otros delitos con sus organizaciones. Así señaló que son empleados para robos, asaltos, secuestros, sicariatos. “La sola coordinación ya es una conspiración”, finalizó.
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