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“Los políticos peruanos están más preocupados en cómo se libran de una condena que en diseñar una propuesta integral y coordinada para luchar contra la corrupción. Su primera reacción, ante las declaraciones por el caso Odebrecht, ha sido negar la corrupción de sus partidos. Esto tiene un costo muy alto para la ciudadanía, incrementa la desconfianza en los políticos”, así lo afirmó Eduardo Vega, director del Instituto de Ética y Desarrollo (IED) de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en el Seminario regional: La lucha contra la corrupción en América Latina: experiencias y desafíos.
El encuentro se llevó a cabo en el marco del proyecto “Generación de Diálogo entre Chile-Perú / Perú-Chile”, bajo la organización del IDEI-PUCP y del IEI de la Universidad de Chile, así como con el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la Fundación Konrad Adenauer. El ex defensor del pueblo compartió la mesa: Experiencias de lucha anticorrupción en Perú y Chile, con Alberto Precht, director Ejecutivo de Chile Transparente (Chile). Destacaron la importancia de la transparencia de la información, de establecer una comunicación constante con la ciudadanía y los medios de comunicación sobre los casos de corrupción.
A cuatro años del destape del escándalo Lava Jato en Brasil, Eduardo Vega expresó que uno de los riesgos que enfrenta las investigaciones en el Perú es que se depende, casi exclusivamente, de las delaciones premiadas que vienen de Brasil, las cuales tendrían dificultades de ser corroboradas con otras pruebas. Para avanzar en la lucha contra la corrupción se requiere desarrollar otras herramientas como la pérdida de domino, las escuchas telefónicas y el levantamiento del secreto bancario.
Advirtió que la ciudadanía debe estar muy atenta a las posibles injerencias en el sistema de justicia peruano como es el caso de las acusaciones constitucionales en el Congreso de la República contra el Fiscal de la Nación y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. “Buscan amedrentar la justicia para impedir su actuación. Esto cuestiona la frágil institucionalidad democrática. Estamos ante el mayor reto de la justicia peruana: investigar y sancionar la gran corrupción, sistemática, compleja y global. Tenemos un problema serio que necesita una reforma electoral y no solo pequeños cambios”, señaló.
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