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18 mayo, 2018

Eduardo Vega presenta el círculo de la corrupción en regiones

 

El director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Eduardo Vega, participó en el conversatorio Campañas electorales, política anticorrupción y sistemas de justicia en el Perú, realizado en el Palacio Nacional de Justicia. Fue muy enfático al indicar que el financiamiento de las campañas y partidos no es un hecho aislado, sino tiene una relación directa con el círculo de la corrupción y la impunidad que incluye una serie de actos como: Concierto para adjudicarse grandes obras públicas, sobrevaloración, arbitrajes y cuentas off shore para el pago de coimas.

Explicó que el lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o condena. Esto respondería a quienes consideran que no es aplicable este tipo penal porque es difícil probar el origen ilícito del aporte; el conocimiento o presunción, del candidato, del origen ilícito del aporte y porque finalmente no existiría una finalidad encubridora.

Para el también docente de la Escuela de Derecho, una verdadera lucha contra la corrupción debe incluir necesariamente una reforma electoral que penalice el financiamiento ilegal y otorgarle facultades de fiscalización a la ONPE. El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción para el periodo 2018 – 2021 debería fortalecer a la Autoridad Nacional de transparencia y hacer de obligatorio cumplimiento la declaración jurada de intereses, y revisar el modelo el modelo de contratación pública (revisar las APP y los arbitrajes).

Eduardo Vega puso especial énfasis en la corrupción en regiones. Una investigación del Instituto de Ética y Desarrollo revela que nada ha cambiado con el caso Lava Jato, las redes de corrupción siguen intactas. En el caso de las regiones el círculo de corrupción empieza por el financiamiento de campañas por parte de proveedores, quienes obtienen cargos de confianza en puesto claves para manipular las obras públicas. Se generan expedientes técnicos deficientes, las obras se realizan por administración directa sin ninguna fiscalización, los comités de selección son manipulados, se dan sobrevaloraciones y los comités de procesos administrativos no sancionan y las coimas van de municipios, a regiones y hasta los ministerios.

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