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27 septiembre, 2019

[Artículo] ¿Conflictos sociales, por siempre jamás?

         Los conflictos sociales han vuelto a llamar la atención de la opinión pública a razón de su reciente escalamiento alrededor de proyectos mineros como Las Bambas, Tía María, Quellaveco y aquellos vinculados al Oleoducto Norperuano. La sensación que producen es que nos encontramos en un contexto desbordado sin aparentes caminos de solución a la vista. Las regiones están movidas y también, la arena política, en particular. En este punto nos preguntamos si es posible que se solucionen los conflictos. Una inicial respuesta sería que depende, puede que algunos sí y otros tal vez no logren todavía un encaminamiento más constructivo.

Son varios los factores en juego. Primero miremos las cifras de conflictos sociales para luego ensayar algunas explicaciones. En julio del 2019, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, identificó 148 casos a nivel nacional, de los cuales, 48 se encuentran en estado de preconflicto, 23; en etapa de conflicto y 77; en etapa de postconflicto. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo para este mismo mes, reportó 184 conflictos sociales, 135 activos y 49 latentes. Si revisamos los detalles observamos que siguen predominado aquellos vinculados a la actividad extractiva y el principal mecanismo para abordarlos son en espacios de diálogo. La SGSD, refiere que del total de casos, 89 cuentan con algún espacio de diálogo y de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, hay 85 casos en proceso de diálogo.

Si aproximadamente un 50 % de los casos se encuentran en etapa de diálogo por qué no se solucionan, por el contrario, algunos están reactivándose y escalan a etapas de crisis. Nuestra vehemencia por solucionar las cosas en el más corto plazo nos puede generar sensaciones de frustración, confusión, molestia y llevarnos a no mirar el problema en su real dimensión, es decir, a no tener en cuenta los asuntos de coyuntura; de fondo; historia; dinámica subyacente, entre otros aspectos. No es de sorprenderse porque en la vida cotidiana muchas veces tratamos de encontrar soluciones rápidas a nuestros conflictos, sin reparar necesariamente que estas situaciones tomaron un tiempo en germinar y expresarse en un hecho conflictivo. Si apostamos por el diálogo como mecanismo para solucionar el conflicto hay que ser conscientes que esta tarea requería tiempo, dedicación, paciencia y compromiso. Además, que cada actor cumpla de la mejor parte su rol, sea el gobierno, la sociedad civil organizada, las empresas privadas y la prensa.

Cuando el conflicto está en escalada o en etapa de crisis, el llamado al diálogo para buscar soluciones aparece como primera opción, algo que sin duda saludamos y alentamos, que de manera preventiva necesitamos reforzar aún más. Sin embargo, también surgen otras voces -que preocupan- porque a nombre de una limitada lectura de lo que implica el “Estado de derecho”, solicitan la inmediata intervención policial y la persecución penal de los actores sociales movilizados; creyendo que así será posible solucionar el conflicto deprisa.

En este punto traemos a colación lo expresado por la Defensoría del Pueblo sobre el diálogo en el sistema político que actualmente rige nuestras relaciones como sociedad. En su informe El Valor del Diálogo (2017) indica que el diálogo debe ser entendido como un supuesto de la democracia, que actúa como principio ordenador de las relaciones entre el Estado y los ciudadanas(os) y entre ellos. Precisa que el sistema democrático está diseñado para resolver disputas, de modo que la acción directa y violenta no tenga lugar. En consecuencia, el Estado debe estar siempre dispuesto a entender las demandas de la sociedad y tomar la iniciativa de diálogo, privilegiando el respeto y protección de derechos, además de mostrar convicción en el diálogo. Pero dada la dimensión de los problemas detrás de cada uno de los conflictos, y siendo conscientes que los casos complejos ameritan una intervención en la misma medida, es necesario desarrollar capacidades y habilidades en los actores involucrados, además de dotar de recursos para generar una política y una adecuada organización frente al conflicto.

Para ello es necesario que al diálogo no sea considerado solo un mecanismo y proceso orientado a contener la escalada del conflicto y producir acuerdos: es necesario que se convierta en una política para la gestión pública, orientado al fortalecimiento y conformación de espacios permanentes de información, debate, coordinación y relacionamiento entre el Estado y la sociedad civil. Sobre todo, considerando la debilidad de los mecanismos de participación y representación ciudadana.

Hasta aquí, estamos de acuerdo que el diálogo y el conflicto es consustancial al sistema democrático; que el Estado debe ser proactivo y fortalecer la institucionalidad para abordar conflictos; que el diálogo además de un mecanismo debe orientarse a ser una política; y que las cifras nos dicen que alrededor de 50 % de los conflictos sociales están encaminados por la vía del diálogo; entonces por qué la sensación que estamos en un contexto desbordado sin aparentes caminos de solución a la vista, el llamado a la “mano dura” ha vuelto a captar adeptos y han surgido cuestionamientos a la efectividad del diálogo que trae consigo el descredito de nuestras instituciones. 

Mencionaré tres situaciones para alentar la reflexión y ensayar algunas respuestas. Primero, los conflictos sociales si bien tienen elementos en común que los explican, cada caso tiene su propia dinámica por ello es necesario un análisis riguroso y el diseño de una estrategia de intervención a la medida. Hay conflictos cuyos asuntos tienen que ver con temas específicos que se pueden solucionar en un corto plazo apelando al diálogo, negociación y/o mediación, dependerá de una lectura adecuada del conflicto, el alcance de las demandas, la disposición y flexibilidad de los actores para arribar a acuerdos. Sin embargo, si los acuerdos que se suscriben no son cumplidos en el plazo acordado, la explicación de las razones de su demora de manera anticipada y transparente, si no se implementan mecanismos de participación ciudadana y seguimiento, las condiciones para que el conflicto se reactive y escale se irán configurando.

Segundo, tenemos aquellos conflictos que ameritan buscar soluciones mixtas, que atiendan los asuntos de coyuntura con propuestas e iniciativas de corto plazo con decisiones que aborden los problemas de fondo, solo así las fuentes que permitieron el surgimiento y escalamiento del conflicto podrán cambiar. Por ilustrar tan solo un ejemplo, en los casos en la cual una de las demandas es la atención frente a la contaminación por metales pesados -situación preocupante- además de desplegar acciones de emergencia orientadas a dotar de alimentos y agua segura, es necesario que se garantice una atención integral por parte del sector salud que involucre intervenciones de otros sectores. Es por ello, la demanda reiterada de los actores sociales de contar con una política nacional para la atención integral de las personas expuestas a contaminación por metales pesados en el país, esto a razón de evidenciar las limitaciones de los espacios de diálogo donde participan. 

Tercero, tenemos aquellos casos en los que el rechazo a la actividad, proyecto e iniciativa genera la oposición de la población. En estas situaciones el diálogo no debe apelarse solo como una estrategia orientada a persuadir y/o manipular a fin de que los actores cambien su posición. Aquí es necesario trabajar sobre los temores y expectativas. En los temores, absolviendo consultas, permitiendo la revisión de los documentos de índole técnicos, detallando los procedimientos que siguió o seguirá la iniciativa, su alcance a nivel temporal y los impactos positivos y negativos que generará. En las expectativas, los beneficios u oportunidades que pueden obtener los actores sociales, los cuales pueden contribuir a mejorar, potenciar y articular las actividades que actualmente realizan o en algún momento consideraron realizar. Este tipo de espacios de dialogo requiere condiciones básicas para dar lugar al intercambio de argumentos, propuestas y soluciones por consenso. Recogiendo lo expresado líneas arriba, esta tarea requería tiempo, dedicación, paciencia y compromiso y que cada actor cumpla de la mejor manera su rol.

Entonces, para no caer en el desencanto respecto al diálogo y los espacios en los cuales se practican -con todas sus limitaciones que ameritarán otro artículo- es importante precisar que en algunos de estos espacios no sean considerados para negociar necesidades, intereses ni expectativas, sino por el contrario buscar abordar inequidades históricas o injusticias expresadas en cada territorio. Es por ello el llamado a atender los problemas de fondo, caso contrario los conflictos de este tipo seguirán escalando a episodios de crisis porque las respuestas reactivas y acciones para tratar los efectos siempre serán insuficientes dado que no se están trabajando en las causas. Aquí podemos encontrar algunos conflictos denominados como “emblemáticos” que se mantienen en condición de activos por años, sin aparente solución a la vista, pues como vemos por invocación no se van a resolver.

Si bien resaltamos y saludamos que en los últimos quince años los espacios de diálogo  -llámese mesa de diálogo, desarrollo, grupo de trabajo, comisión multisectorial- en nuestro país formen parte de la estrategia del Estado, sobre todo, del gobierno nacional, es importante que estas experiencias contribuyan al desarrollo de capacidades institucionales y que estas se extiendan a otros niveles de gobierno que tienen competencias y contribuirían a la solución de los conflictos sociales. Además, como menciona José Luís López (2016), que estos sistemas y organizaciones públicas, orientadas al diálogo y la prevención del conflicto, se relacionen con los propios sistemas e iniciativas de diálogo que se están creando en las empresas y sociedad civil que contribuyan a alimentar la gobernabilidad.

Para ello es necesario que nuestra convicción por un diálogo intercultural, sostenible, inclusivo, genuino se mantenga firme. Sobre todo, considerando el actual contexto político. Que no nos sorprenda que las protestas sociales formen parte del repertorio de acciones colectivas que desplieguen los actores sociales para poner en agenda sus demandas. Por tanto, no es posible bajar la guardia y es necesario dotarnos de las mejores herramientas para prevenir situaciones que vulneren derechos y atender los asuntos de coyuntura, porque para atender los asuntos de fondo tal vez ahora no tengamos las mejores condiciones. 

 

Bibliografía:

  • Defensoría del Pueblo (2017). Documento N°29 “El Valor del Diálogo”. Lima.
  • López, José Luis (2016). Diálogos que transforman. Segunda edición. Lima. 

 

Artículo publicado en la revista Ideele n.° 287

Sobre el autor:

Liz Puma

Coordinadora del Diplomado en transformación de conflictos sociales en la Universidad Antonio Ruíz de Montoya

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